Para 2027, es muy probable que el país enfrente un déficit de 1.000 MW, y para 2028, se necesitarán entre 1.500 y 2.000 MW adicionales para evitar una crisis en el suministro eléctrico.

Además del riesgo de desabastecimiento, el sector energético colombiano enfrenta otros problemas estructurales. La reducción del margen de reserva energética, que se prevé disminuirá entre un 4% y un 6% a partir de 2025. Esto pone en peligro la estabilidad del sistema.

A esto se le pueden sumar desafíos financieros y regulatorios que han frenado la inversión en nueva infraestructura energética, retrasando la entrada en operación de proyectos importantes.

En esta coyuntura es claro que, se requieren soluciones sostenibles que involucren a empresas, Gobierno y consumidores. La eficiencia energética y la inversión en energías renovables son alternativas que hay que poner sobre la mesa para garantizar la seguridad energética y mitigar el impacto ambiental.

Aunque ya muchos no lo recuerden, a principios de los años 90 el país ya vivió una crisis que dejó a millones de familias colombianas sin electricidad durante meses. Hoy, después de casi más de tres décadas, esta situación podría repetirse, ya que, en septiembre de 2023, los embalses del país alcanzaron su nivel más bajo en décadas, con sólo un 49,75% de capacidad, según datos de XM, operador del sistema eléctrico nacional.

Frente a este contexto, las empresas son uno de los actores que mayores desafíos enfrentan en cuanto a la disponibilidad y los costos de energía, lo que podría generar un impacto socioeconómico significativo. Por ello, expertos en el sector han señalado que las organizaciones tienen la capacidad de influir en esta situación si desarrollan estrategias para gestionar de manera eficiente su demanda energética. Esto no solo mejoraría sus márgenes y operaciones, sino que también reduciría las emisiones de carbono e incluso crearía nuevas fuentes de ingresos.

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